Daniela Arias, coordinadora general del Laboratorio Electoral, consideró que el cambio en la presidencia provisional puede favorecer la colegialidad, pero advirtió que podrían presentarse más renuncias y ajustes internos.
El relevo en la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), tras la salida de Guadalupe Taddei, abre un periodo de incertidumbre sobre la organización interna del organismo rumbo a las elecciones de 2027, en las que deberá mantener sus actividades técnicas y operativas sin interrupciones.
Así lo señaló Daniela Arias, coordinadora general del Laboratorio Electoral, quien explicó que las renuncias de funcionarios se produjeron después de varias semanas de cuestionamientos y señalamientos sobre presuntas irregularidades dentro del instituto.
En entrevista, la especialista subrayó que el principal reto no consiste únicamente en atender las salidas de funcionarios, sino en garantizar que las decisiones administrativas y operativas necesarias para los próximos comicios continúen avanzando.
Arias consideró que la designación por unanimidad de Blanca Cruz como consejera presidenta provisional puede representar una oportunidad para recuperar la colegialidad en el INE y fortalecer la toma de decisiones entre las consejerías.
No obstante, advirtió que todavía existe incertidumbre ante la posibilidad de que se produzcan nuevas renuncias, ya sean solicitadas o voluntarias, mientras también avanza el proceso para designar una nueva consejería mediante la Cámara de Diputados.
¿Está en riesgo la elección de 2027?
La coordinadora del Laboratorio Electoral indicó que, hasta el momento, el cambio en la presidencia no significa necesariamente que las elecciones de 2027 estén en riesgo. Recordó que la nueva titularidad provisional ha expresado su intención de mantener en sus puestos a los responsables de áreas técnicas y operativas cuando no sea indispensable realizar cambios.
Sin embargo, señaló que la coincidencia de distintos movimientos dentro del instituto obliga a vigilar cómo se resolverá la crisis y si las modificaciones administrativas afectan el desarrollo de los preparativos electorales.
“Son muchas las cosas que se están moviendo al mismo tiempo”, expuso, al destacar que el INE deberá priorizar tanto la legitimidad de sus decisiones como la continuidad de sus trabajos durante los próximos meses.
Por ello, consideró fundamental evitar que los cambios en la estructura directiva interfieran con las tareas necesarias para organizar los comicios.
Piden no generalizar los señalamientos contra el instituto
Sobre el impacto de las acusaciones en la confianza ciudadana, Arias sostuvo que los cuestionamientos contra determinados funcionarios no deben confundirse con el desempeño de toda la institución.
La especialista afirmó que el INE mantiene un respaldo importante entre la ciudadanía y recordó que sus labores no dependen únicamente de las oficinas centrales, sino también de las juntas y estructuras desconcentradas, así como del personal que participa en la organización de las elecciones.
En ese sentido, destacó que miles de trabajadores cuentan con experiencia en sus funciones y que sus actividades deben continuar con normalidad, independientemente de las investigaciones sobre posibles actos irregulares.
Arias consideró que las denuncias deben canalizarse ante las instancias correspondientes, entre ellas el Órgano Interno de Control y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para que se determinen las responsabilidades que procedan.
“La gente tiene que seguir confiando en que quienes cuentan los votos son ciudadanas y ciudadanos”, señaló, al insistir en la importancia de distinguir entre las conductas individuales que pudieran acreditarse y el trabajo institucional del organismo electoral.
Superar la concentración de facultades, otro de los retos
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de recuperar la colegialidad en el INE y evitar que la presidencia concentre facultades que reduzcan la participación del resto de las consejerías.
Arias consideró que la concentración de atribuciones en la presidencia fue uno de los factores que, desde su perspectiva, contribuyeron a los problemas de transparencia señalados en las últimas semanas.
Explicó que, en lugar de privilegiar acuerdos entre las consejerías, se otorgaron facultades que habrían permitido tomar determinadas decisiones sin informar suficientemente al resto de sus integrantes.
Por ello, planteó que la presidencia del instituto debe entenderse como una función de conducción y representación, no como una posición que permita actuar unilateralmente.
La coordinadora del Laboratorio Electoral sostuvo que las decisiones deben discutirse de manera conjunta, con argumentos jurídicos y administrativos, y resolverse conforme a las reglas de mayoría establecidas.
Finalmente, señaló que el desafío inmediato será esclarecer los señalamientos, deslindar responsabilidades y preservar la operación del INE para que los cambios en su estructura no comprometan la organización de las elecciones de 2027.