Una revisión de 27 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV) documenta la participación de policías estatales y otras corporaciones de seguridad en casos de desaparición forzada en Veracruz, así como omisiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) durante las investigaciones.
Entre 2016 y 2026, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) fue señalada en 26 de las 27 recomendaciones, equivalente al 96.2 por ciento de los casos, mientras que la Fiscalía General del Estado aparece en 21 expedientes, el 77.7 por ciento.
A casi 15 años de que la desaparición de personas se convirtió en una de las principales exigencias de colectivos de familiares en Veracruz, las resoluciones de la CEDHV muestran que la participación de corporaciones de seguridad y las deficiencias en las investigaciones ministeriales han aparecido de manera reiterada en casos ocurridos durante distintas administraciones.
La mayor cantidad de recomendaciones relacionadas con desaparición forzada se emitió en 2019, con cinco casos. Durante 2026 se han emitido dos resoluciones.
En varios expedientes, la CEDHV documentó no sólo desaparición forzada, sino también ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias, afectaciones a la integridad de las víctimas y falta de debida diligencia en las investigaciones.
SSP aparece en 26 de 27 recomendaciones
Las 27 recomendaciones dirigidas a dependencias estatales fueron emitidas después de que la CEDHV acreditó violaciones graves al derecho a no sufrir desaparición forzada, a la vida, a la integridad personal y al acceso a la justicia.
La Secretaría de Seguridad Pública aparece involucrada en 26 de las 27 recomendaciones, el 96.2 por ciento, por la participación directa de elementos de la Policía Estatal, Policía Intermunicipal o Tránsito en detenciones, retenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales u ocultamiento de personas.
La Fiscalía General del Estado fue señalada en 21 de las 27 recomendaciones, el 77.7 por ciento, por falta de debida diligencia, dilación excesiva en las investigaciones, pérdida de evidencias, omisiones en la toma de perfiles genéticos y revictimización de familiares.
En 20 expedientes, la CEDHV emitió recomendaciones de manera concurrente contra la SSP y la FGE, al documentar casos en los que la desaparición atribuida a elementos o mandos policiales fue seguida por omisiones o inactividad de las fiscalías encargadas de investigar.
Casos que muestran patrones de desaparición forzada
Anaís Palacios, defensora de derechos humanos e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), explica que acreditar una desaparición forzada implica comprender que en Veracruz existieron periodos en los que la privación de la libertad fue una práctica institucional coordinada.
“Podría identificar quizás algunos picos en el estado de Veracruz donde las desapariciones forzadas parecían ser una práctica bastante bien orquestada y organizada por agentes del Estado. Hablamos de Cardel en 2012 y 2014, de Potrero en 2013, de Omealca, de Tierra Blanca en 2015 o el Operativo Blindaje Coatzacoalcos”, explica Palacios.
Entre los casos documentados por la CEDHV se encuentra la Recomendación 03/2018, relacionada con siete personas que fueron privadas de la libertad por elementos de la SSP el 30 de noviembre de 2012 en Cardel, municipio de La Antigua.
Sus restos fueron localizados posteriormente en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe, en el municipio de Veracruz.
También se encuentra la Recomendación 170/2020, referente a la desaparición forzada de cuatro personas en Coatzacoalcos, en septiembre de 2015, en el contexto del operativo Blindaje Coatzacoalcos.
Casos similares aparecen en las recomendaciones 05/2021, 061/2023 y 002/2026, entre otras.
A estos expedientes se suman la Recomendación 13/2017 en Tierra Blanca y la 14/2018 en Boca del Río, donde elementos de la Policía de Tránsito retuvieron a una víctima que posteriormente fue localizada sin vida en Colinas de Santa Fe.
Resoluciones más recientes, como la 40/2024, relacionada con la desaparición de cinco personas a manos de policías estatales, y las recomendaciones 002/2026 y 011/2026 muestran que los señalamientos por participación policial y retrasos en las investigaciones ministeriales han continuado a lo largo de distintas administraciones.
El desfase legal que afectó las investigaciones
Para Anaís Palacios, estos casos deben analizarse considerando el contexto histórico en el que ocurrieron, pues durante varios años las instituciones no contaron con las herramientas jurídicas y especializadas que existen actualmente.
El delito de desaparición forzada fue tipificado en el Código Penal del Estado hasta julio de 2014, mientras que la Fiscalía Especializada en la materia se instauró en marzo del mismo año.
Posteriormente comenzó funciones la Comisión Estatal de Búsqueda y la Ley General en Materia de Desaparición entró en vigor a nivel nacional en enero de 2018.
Palacios señala que este vacío provocó que durante años las denuncias fueran catalogadas bajo figuras como “ausencias voluntarias”, “secuestros” o “privaciones ilegales de la libertad”, lo que permitió que expedientes fueran archivados sin realizar diligencias urgentes.
“En aquellos entonces, sobre todo para casos de larga data, no había un parámetro legal que seguir”, explicó.
Sin embargo, advirtió que la falta de herramientas jurídicas durante los primeros años no puede utilizarse para justificar la inactividad de las autoridades.
Uno de los problemas que continúa apareciendo en las recomendaciones de la CEDHV es la falta de debida diligencia y la demora en diligencias que debieron realizarse de manera inmediata.
Cuando se trata de una desaparición, explica, el momento oportuno para actuar comienza desde que la autoridad tiene conocimiento de los hechos, de ahí la necesidad de realizar despliegues urgentes.
“En 2011 ni hablar de debida diligencia, ni hablar de perfiles genéticos. Ahí lo que teníamos era una respuesta sistemática de negación, de incapacidad y de desinterés político por las desapariciones. Las recomendaciones actuales sobre casos del pasado representan la posibilidad de recuperar la verdad que malamente se construyó desde las antiguas procuradurías”, advierte la activista.
FGE tenía perfil genético y tardó un año y siete meses
Uno de los casos documentados por la CEDHV es la Recomendación 63/2019.
Un joven desapareció en septiembre de 2015 y fue localizado sin vida en Actopan en abril de 2016, para posteriormente ingresar al Servicio Médico Forense.
Aunque la FGE contaba desde 2015 con el perfil genético de la madre, el cuerpo fue enviado a la fosa común como persona no identificada.
La autoridad tardó un año y siete meses en notificar a la familia sobre la identificación.
Recomendaciones enfrentan el rechazo institucional
Pese a las investigaciones realizadas por la CEDHV, las recomendaciones enfrentan una limitación: no son vinculantes.
Cuando las dependencias rechazan o aceptan parcialmente los puntos recomendatorios, la posibilidad de avanzar hacia una reparación integral del daño puede quedar limitada.
La aceptación total de una recomendación concede la calidad formal de víctima, puede reabrir líneas de investigación y obliga al cumplimiento de medidas de reparación económica, médica y psicológica, además de impulsar actos de disculpa pública o memoriales, dependiendo de cada expediente.
Por otro lado, la aceptación parcial o el rechazo pueden dejar pendientes aspectos relacionados con la responsabilidad por la falta de investigación o la compensación a las víctimas.
Ante la negativa estatal, las familias pueden recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar la actuación de las instituciones.
“Las comisiones exponen una situación, pero no obligan a la institución. Al rechazar o aceptar a medias, la autoridad hace un juego de taparse los oídos y voltear a otro lado, diciendo ‘nosotros ya cambiamos o ya atendimos 20 veces a la señora’. Sin embargo, para las familias, la recomendación ha sido una herramienta para visibilizar lo que históricamente se quiso enterrar por personajes políticos”, añade Palacios.
Aquiescencia y la búsqueda más allá de las fosas
Además de la desaparición cometida directamente por agentes del Estado, Palacios advierte sobre el concepto de aquiescencia: desapariciones cometidas por particulares u organizaciones criminales ante la omisión, tolerancia o incapacidad del Estado para impedirlas y sancionarlas.
A un año de haberse iniciado formalmente los trabajos para el diseño e implementación del Programa Estatal de Búsqueda, mecanismo en el que el IMDHD acompaña la evaluación institucional y los diagnósticos con las familias, uno de los retos es modificar el enfoque operativo.
“Falta que la obligación de buscar se deje de ver únicamente en las palas, en los picos y en los predios a donde las familias van en búsqueda de fosas clandestinas. Eso ha significado un esfuerzo humano brutal y pocos resultados operativos que lleven a líneas de investigación”, reflexiona Palacios.
La defensora señala que el reto para las instituciones de Veracruz no radica en sumar años de promesas ni en “romantizar” el sufrimiento de las familias, sino en dotar de presupuesto, tecnología y voluntad política a las fiscalías para generar respuestas y certezas.
“No podemos quedarnos en la marcha, en el pañuelo o en la confrontación por una camioneta de traslado. Nos falta un piso de realidad para entender que la desaparición es un problema estructural que nos atañe a todos como sociedad”.
Palacios subraya la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad, investigue con metodología científica e incorpore los principios de la ONU, para que la búsqueda se traduzca en investigaciones que permitan identificar y procesar a los responsables y avanzar en la localización de las personas desaparecidas.
A casi 15 años de la articulación de colectivos de familiares en Veracruz, las 27 recomendaciones de la CEDHVdocumentan un problema que ha atravesado distintas administraciones y mantienen vigentes tres exigencias de las familias: verdad, localización y justicia.
