La zona conurbada Veracruz-Boca del Río vive una tensión creciente entre los operadores de plataformas digitales de transporte y las autoridades estatales. Los operativos de Transporte Público del Estado para asegurar vehículos de particulares que usan Uber, Didi e InDrive han dejado una pregunta flotando en el ambiente: ¿Es un delito? La respuesta, según un especialista es un rotundo no.
La Suprema Corte ya se pronunció: no es servicio público
El abogado penalista Jorge Reyes Peralta, con más de 50 años de trayectoria en juzgados y tribunales, fue contundente al analizar la situación. Para él, operar mediante plataformas digitales de transporte no constituye ninguna ilegalidad desde el punto de vista del Código Penal, y el argumento tiene un respaldo que viene desde lo más alto del sistema judicial mexicano.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya debatió ampliamente el tema y estableció un criterio claro: quienes utilizan estas plataformas no están prestando un servicio público. Y esa distinción lo cambia todo.
"Las plataformas digitales no prestan un servicio público, porque es como un club de amigos, o sea, las plataformas como Uber, son aplicaciones en donde socios se afilian y no prestan un servicio público sino prestan un servicio dentro de los usuarios, eso ya está definido por la Corte".
Este criterio judicial no es menor. Implica que el artículo del Código Penal que sanciona la prestación de un servicio público sin autorización no aplica a los conductores de estas aplicaciones, porque el elemento central del tipo delictivo, es decir, que se trate de un servicio público, simplemente no se configura en este caso.
Un acuerdo entre particulares, no una concesión del Estado
Reyes Peralta explicó en términos sencillos cómo debe entenderse el modelo de negocio de estas plataformas: se trata de un acuerdo voluntario entre privados, no de una concesión otorgada por el gobierno para operar rutas o transportar al público en general.
"Y acatamos las reglas, acatamos las tarifas, metemos una tarjeta de crédito, nos cargan todos los servicios como los de comida, entonces si a esas vamos de que no quieren los taxistas que entre la competencia pues entonces los restaurantes se van a molestar por Uber Eats para lo que es la comida".
El experto también subrayó un dato que suele pasarse por alto en este debate: Uber emite facturas y paga impuestos al gobierno federal, algo que, señaló, no siempre ocurre con las opciones tradicionales del transporte público en la región. Ese nivel de formalidad fiscal, argumentó, es otro indicador de que no se trata de una actividad clandestina ni irregular.
En otras ciudades del país donde se han vivido situaciones similares, los conductores de plataformas digitales no han enfrentado consecuencias penales cuando han sido requeridos por la autoridad, precisamente porque ese criterio del máximo tribunal ya está establecido y los juzgados locales lo aplican.
Sin respaldo jurídico tampoco en materia administrativa
Más allá del ámbito penal, Reyes Peralta fue igualmente claro respecto al terreno administrativo: tampoco existe un sustento legal que ampare las acciones en contra de los trabajadores del volante que operan bajo estas aplicaciones.
"No prestan un servicio público; lo que dispone el Código Penal es para quienes prestan un servicio público sin autorización, este no es un servicio público porque en primer lugar no se dan los elementos del tipo de delito quienes prestan el servicio en plataformas digitales".
Con este panorama, el abogado hizo un llamado directo al gobierno estatal para que adopte una postura acorde a los tiempos que corren. Para él, obstaculizar el trabajo de personas que se ganan la vida de manera honesta y dentro de los márgenes legales no solo es injusto, sino jurídicamente insostenible. La modernidad en el transporte, dijo, no puede frenarse con operativos que no tienen piso legal.
Los operativos: ilegales y susceptibles de amparo
Uno de los puntos más graves que abordó Reyes Peralta tiene que ver directamente con los operativos que Transporte Público del Estado de Veracruz ha implementado para asegurar vehículos de conductores de plataformas. Su valoración fue directa: esos operativos son ilegales porque carecen de sustento jurídico.
Y las consecuencias para los afectados han sido severas. El caso más reciente que trascendió públicamente involucra a un joven estudiante al que le retuvieron su vehículo y actualmente enfrenta una multa de 120 mil pesos, una cifra que, para cualquier familia veracruzana de ingresos medios, representa un golpe económico devastador.
Ante este tipo de situaciones, el especialista señaló que los conductores afectados tienen un recurso legal disponible:
- Pueden interponer un amparo para recuperar sus vehículos retenidos.
- El amparo también permite impugnar y evitar el pago de multas impuestas sin fundamento legal.
- El criterio de la SCJN respalda su posición jurídica ante cualquier juzgado del país.
- Tanto en materia penal como administrativa, los elementos del tipo delictivo no se configuran para conductores de plataformas digitales.
El mensaje del abogado penalista es claro para conductores de Uber, Didi e InDrive que operan en Veracruz y Boca del Río: no están cometiendo ningún delito, y si las autoridades actúan sin fundamento legal, el sistema judicial tiene los mecanismos para protegerlos. Conocer sus derechos, en este caso, puede ser la diferencia entre perder un vehículo o recuperarlo.
