El secretario de Finanzas y Planeación de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández, afirmó que la actual administración desmanteló un esquema de presuntas irregularidades en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), el cual, aseguró, operaba mediante fundaciones que tercerizaban el pago a docentes y manejaban recursos sin trazabilidad.
En entrevista, el funcionario sostuvo que antes de la intervención del actual Gobierno estatal los maestros no contaban con contratos laborales formales, sino que recibían pagos a través de fundaciones y bajo conceptos distintos a los de una relación de trabajo.
"Quien diga que los maestros tenían contrato está mintiendo. Les pagaban mediante mecanismos fraudulentos, incluso con conceptos como publicidad, sin respetar antigüedad, derechos laborales ni salarios garantizados", declaró.
Reyes Hernández señaló que, tras asumir el control de la administración de la UPAV, se eliminó la intermediación de esas fundaciones para que los recursos llegaran directamente a la universidad, se formalizaron contratos laborales y, aseguró, se incrementó en promedio un 40 por ciento la remuneración de los trabajadores.
El titular de Sefiplan también afirmó que las inconformidades que actualmente se han hecho públicas están "muy focalizadas" y, según dijo, corresponden a personas vinculadas con los grupos que anteriormente controlaban esos mecanismos de administración.
"Gran parte de esas quejas representan intereses creados que estamos combatiendo. Ya no hay docentes ni directivos a los que se les deba. Si existe algún adeudo genuino, la rectoría y el área administrativa de la UPAV están abiertas para atender cualquier caso", expresó.
Añadió que la universidad también modernizó su sistema administrativo al implementar una nómina automatizada, ya que anteriormente, afirmó, todo el proceso de pagos se realizaba de manera manual.
Habla de presuntos recursos de procedencia ilícita
Durante la entrevista, el secretario reveló que, al revisar la operación de una de las fundaciones, detectaron cuentas con aproximadamente 280 millones de pesos, recursos cuyo origen, dijo, no pudo ser plenamente justificado.
Explicó que, al solicitar que esos fondos fueran utilizados para cubrir pagos pendientes a docentes, los responsables respondieron que el dinero pertenecía a otros programas, como becas para estudiantes, sin acreditar su procedencia.
"Se presupone que ahí había recursos que pudieron utilizarse para lavado de dinero. El lavado no solamente proviene del narcotráfico; también puede derivar de actos de corrupción cuando se intenta introducir dinero ilícito a actividades aparentemente legales", señaló.
No obstante, precisó que corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones y evitó adelantar conclusiones sobre el proceso judicial.
Confirma investigaciones en curso
Miguel Santiago Reyes Hernández indicó que existen investigaciones abiertas y que, derivado de ellas, tres personas permanecen detenidas, aunque evitó proporcionar más detalles por tratarse de un asunto bajo investigación ministerial.
Finalmente, manifestó su deseo de que quienes actualmente presentan inconformidades no estén relacionados con las presuntas redes de corrupción que, aseguró, operaban anteriormente dentro de la institución.
