Iniciativa para regular el trabajo sexual, discriminatoria y violatoria de tratados internacionales
Xalapa, Ver.- La iniciativa para reformar la Ley de Salud de Veracruz y que abroga la Ley Relativa a la Prostitución y Profilaxis Social, es violatoria de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, las pone en un estado de vulnerabilidad y busca legalizar prácticas irregulares en los municipios veracruzanos, advirtió el integrante del colectivo feminista.
Tras presentarse en el Congreso local la iniciativa de la diputada Itzel Yescas Valdivia en coautoría con el diputado Enrique Cambranis Torres, el activista advirtió que hay puntos como el establecimiento de zonas de tolerancia que significan segregación y discriminación para quienes se dedican a esta actividad.
“¿A quiénes se beneficiarían con una zona de tolerancia? Lo podrán poner muy bonito pero a mí me suena como a campo de concentración, violenta los derechos al libre tránsito y no resuelve el problema de la extorsión, de la discriminación, de la explotación; al contrario, lo hará más pesado.
Hay legislaciones internacionales en donde se prohibieron las zonas de tolerancia y esto tiene más de 40 años, revivir esta parte me parece que no es nada adelantado”, cuestionó.
Lamentó que para esta iniciativa no se haya consultado a las trabajadoras sexuales y a quienes por años —como la organización que integra— se han dedicado a atender el tema, pues resultó en una iniciativa que lejos de “dignificar su trabajo” como afirma, es discriminatoria y no resuelve los verdaderos problemas que enfrentan estas trabajadoras.
“Cuando se habla sin conocimiento se pueden cometer muchos errores se puede echar por tierra la buena intención que se pueda tener (…) La iniciativa no es parte de la dignificación del trabajo sexual ni se apega a los instrumentos nacionales e internacionales que nos han dejado claro que la salud es una responsabilidad de cada quien y ellas no tienen por qué estar responsabilizándose a seguir las medidas que el sector sanitario dicte”.
Agregó que la iniciativa plantea que son las autoridades municipales las que deben definir y autorizar zonas de tolerancia así como “las medidas necesarias para controlar el ejercicio del trabajo sexual”, pero esto se traducirá en mayores violaciones a sus derechos humanos.
“Lo que sucede con los ayuntamientos es que las ven como pagadoras de un impuesto que no existe pero que se cobra y es en todas partes, ha llegado al absurdo en que en algunos sitios les sellan una libreta de control pero no se preocupan por su salud, por promocionar el uso del condón”.
Guarneros Sosa indicó que en lugar de hacer una reglamentación es necesario que se reconozca la actividad que realizan como un trabajo más, regulado por la Ley Federal del Trabajo y no iniciativas que amplían la discriminación “Querer dignificar sería reconocer que es una actividad laboral más, como lo establece el artículo 5 constitucional, que señala que toda persona se puede dedicar a cualquier actividad siempre y cuando esta sea lícita. En Ciudad de México hay amparos ganados en las que se obliga a las autoridades a reconocerlas como trabajadoras sexuales y esto se debe regular a partir de la Ley Federal del Trabajo y no con una iniciativa que no cumple con los objetivos que se plantean”.
Otro de los puntos polémicos de la iniciativa que se discute en el Congreso local es el control de salubridad al que deberán someterse las trabajadoras sexuales, pues el activista asegura que las responsabilizan de la salud pública cuando esta es una responsabilidad del Estado.
Agregó que se sigue cometiendo el mismo error de siempre de echar en las espaldas de las trabajadoras sexuales la responsabilidad de la salud sexual de los demás, pues la iniciativa plantea que “toda persona que ejerza el trabajo sexual, deberá conocer y utilizar medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se contraigan a través del contacto sexual”.
“Están responsabilizándolas de la salud pública y al final lo que hacen es legalizar una práctica ilegal de los ayuntamientos y que va en contra de leyes internacionales, de derechos de las trabajadoras sexuales emitidos por la ONU, en las que se plantea que ninguna medida de salud debe ser coercitiva”.
Dijo que tan solo durante la pandemia generada por el covid-19 las y los trabajadores sexuales no fueron atendidas porque ni siquiera había los insumos para que las atendieran.
Y agregó que a ella las obligan a realizarse la prueba de VIH una vez al mes, aunque al resto de la población les recomiendan hacerlo cada año.
“Esas son las cuestiones ilegales que están llevando a cabo los ayuntamientos en el estado, quieren legalizar lo que de manera irregular ya vienen haciendo las autoridades. Anteriormente a alguien se les ocurrió darles carnet y creaba una falsa seguridad porque se hacían los exámenes de VIH y resultaban negativos, pero si días después tenían un contacto sexual con una persona de VIH, ella sigue trabajando y le detectarán el VIH hasta después”.
Por ello, insistió en que la única forma de prevenir infecciones de transmisión sexual y el VIH es promover el uso del condón y no con ellas únicamente sino con los usuarios del trabajo sexual.
Recordó que en Orizaba el Ayuntamiento les firma un tarjetón de salud en donde se asientan los resultados de los exámenes médicos, pero que anteriormente han servido para discriminarlas.
“Lo que sucede es que luego hay campañas como la que se hizo hace muchos años en un gobierno panista de Córdoba a la que llamaron ‘Limpiar a Cordoba de la escoria’, y era perseguir a las trabajadoras sexuales, señalaban a quienes vivían con VIH violentando sus derechos humanos”.
Jairo Guarneros insistió en que lo necesario es convocar a foros y mesas de trabajo para escuchar el panorama general y las demandas de estas trabajadoras sexuales y con base en ello crear una iniciativa.
¿Qué dice la iniciativa de reforma?
La iniciativa señala que toda persona que ejerza el trabajo sexual, se sujetará a las medidas y formas de control que la Dirección de Salubridad Local establezca, así como a la autoridad municipal correspondiente.
Que además deberá conocer y utilizar medidas preventivas para evitar el contagio o transmitir enfermedades que se contraigan a través del contacto sexual.
Señala que queda prohibido el ejercicio del Trabajo Sexual a personas menores de edad, así como el acceso de menores de edad al interior de establecimientos comerciales donde se ejerza el trabajo sexual.
Y que corresponde a las autoridades municipales definir y autorizar las zonas de tolerancia en las que se realice esta actividad.
“Las autoridades sanitarias en coordinación estrecha con las autoridades municipales, tomarán las medidas necesarias para controlar el ejercicio del trabajo sexual. Esta actividad no podrá ejercerse cerca de áreas habitacionales, escuelas, oficinas públicas, centros culturales, religiosos y deportivos”.
